El Gobierno ha reservado 100.000 millones para respaldar emisiones de pagarés y bonos del sector bancario este año, y otros 100.000 millones para 2009. Aunque los detalles están por decidir definitivamente, el Gobierno prevé dar avales a títulos emitidos a un máximo de tres años, o hasta de cinco años en condiciones extraordinarias.
Pero la ayuda no resultará gratuita. Según el diseño inicial, a los bancos que utilicen el aval del Gobierno se les podría cobrar una comisión de 50 puntos básicos y, además, una prima de riesgo en función del coste de las permutas financieras contra impago (credit default swaps (CDS), en inglés) a plazo de cinco años de la propia entidad, entre enero de 2007 y agosto de 2008, antes de que la tormenta financiera arreciase. En los casos en que no hubiera CDS (un indicador de la prima de riesgo) de la entidad o no fueran representativos, el coste se calcularía en función de los CDS de entidades con una calificación crediticia similar. Este coste se sumará a las comisiones de los colocadores para vender la deuda y al tipo de interés pagado a los inversores.
Fuentes de Economía puntualizaron que aún hay algún detalle por perfilar y que no está decidido el coste de la comisión fija, pero confirmaron que la referencia para el diferencial variable estará en función de los CDS de la entidad o de entidades con la misma calificación. El Gobierno está proponiendo que la garantía entre en vigor a los 90 días de que el emisor incumpla sus obligaciones. Sin embargo, algunos bancos están sugiriendo que sea inmediata.
Mientras, el Gobierno ha convocado para el 20 de noviembre y el 11 de diciembre las dos primeras subastas para la compra de activos a los bancos, la otra gran medida de apoyo a la banca, que equivale a una especie de préstamo con garantía.
Por otra parte, el Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros el plan de ayuda a las familias hipotecadas y el de fomento del empleo anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado lunes. Entre las medidas previstas destaca que los parados podrán aplazar la mitad de la cuota hipotecaria hasta el 31 de diciembre de 2010. Las hipotecas no excederán los 170.000 euros y la cantidad aplazada los 500 euros mensuales. Las cuotas atrasadas se pagarán a partir de 2011. Se prorratearán entre las mensualidades pendientes, con un máximo de diez años. El Estado garantizará las cantidades aplazadas a los bancos a partir de 2011.
Otras medidas planteadas son la ampliación del plazo para adquirir un piso para las cuentas ahorro vivienda que expiren en 2008, 2009 y 2010. O anticipar el cobro de la deducción por adquisición de vivienda mediante la reducción de dos puntos de la retención del IRPF de la nómina. Este paquete de medidas incluye otras de fomento del empleo, para impulsar la contratación de desempleados con cargas familiares o de trabajadores en sectores estratégicos.
sábado, 8 de noviembre de 2008
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